Abogado Laboral para Empresas en Guadalajara — Prevención, Compliance y Defensa

La contingencia depende del salario y la antigüedad del trabajador: la Ley Federal del Trabajo prevé una indemnización constitucional de tres meses de salario, prima de antigüedad de doce días por año de servicios y salarios caídos de hasta doce meses; si el juicio se prolonga más allá de ese plazo, se generan intereses del 2% mensual sobre quince meses de salario (arts. 48 y 162 LFT). A ello pueden sumarse diferencias de cuotas ante el IMSS e INFONAVIT y los costos de la defensa. Buena parte de esta contingencia es prevenible con contratos y expedientes laborales en orden.

La NOM-035-STPS obliga a todos los centros de trabajo a prevenir factores de riesgo psicosocial, con obligaciones graduales según la plantilla: desde adoptar una política de prevención y atender casos de violencia laboral, hasta aplicar cuestionarios al personal y evaluar el entorno organizacional en empresas de mayor tamaño. El incumplimiento puede derivar en multas de la STPS calculadas en UMA. Un cumplimiento documentado es la mejor posición de su empresa ante una inspección.

Una auditoría laboral anual es una práctica preventiva razonable, complementada con revisiones cuando hay cambios relevantes: reestructuras, crecimiento acelerado o modificaciones al esquema de contratación. Revisar periódicamente contratos, nómina, registros ante el IMSS y el reglamento interior permite detectar contingencias y corregirlas antes de que escalen a una demanda.

Actuar de inmediato: los plazos procesales en materia laboral son breves y no contestar en tiempo puede tener consecuencias graves, como que se tengan por admitidas las pretensiones del trabajador, salvo prueba en contrario. Además, la carga de la prueba sobre las condiciones de trabajo recae en el patrón (art. 784 LFT), por lo que conviene reunir desde el primer día contratos, recibos de nómina y controles de asistencia. Una contestación técnica y oportuna incide de manera decisiva en la defensa de su empresa.

Desde la reforma de 2021, la subcontratación de personal está prohibida; solo se permiten servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de quien los recibe, y el proveedor debe contar con registro vigente en el REPSE. Contratar servicios especializados sin verificar ese registro expone a su empresa a responsabilidad solidaria frente a los trabajadores y a consecuencias fiscales. Conviene auditar periódicamente a sus proveedores de servicios.